De acuerdo a la metodología de verificación del curso Análisis Comparado de Periodismo, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cumple en parte la siguiente promesa que hizo al país en su programa de gobierno en 2013: “Se eliminará la existencia de lucro con recursos públicos, por tanto, se dirigirá el financiamiento público únicamente a instituciones sin fines de lucro, que tengan como único fin la entrega de educación de calidad en el marco de un derecho social".

"Transformamos una educación que funcionaba como bien de consumo en una educación entendida como derecho social. Desde el lucro de unos pocos a la calidad de muchos", dijo la Presidenta hoy en su cuenta pública. Si bien se refirió al tema, no especificó qué medidas concretas habían implementado para erradicarlo. De acuerdo a la investigación, pese a que las instituciones sin fines de lucro que reciben aportes estatales sí transparentan sus presupuestos y cuentas públicas, hoy no existe un mecanismo de sanción operante para quienes incurran en esta práctica. Así, se concluye que esta promesa está cumplida en parte.

Dos parámetros fueron claves para esta verificación: 1) si existe o no la penalización del lucro y 2) verificar que en la cuenta pública que deben hacer por ley las fundaciones sin fines de lucro no se incurra en gastos sin fines educativos.

La penalización del lucro es un tema que se está legislando actualmente, por lo que es un parámetro no cumplido hasta el momento. De acuerdo a la web de la Biblioteca del Congreso Nacional: "El que, administrando los recursos públicos u otros que perciba el sostenedor en su calidad de tal, los sustraiga o destine a una finalidad diferente de los fines educativos estará obligado a reintegrarlos al establecimiento educacional, debidamente reajustados". Esto significa que no está calificado como delito.

El parámetro que refiere a las cuentas públicas viene a ser el único parámetro cumplido. Colegios municipales como el Liceo Instituto Nacional, Liceo 7 de Niñas y el Liceo 1 Javiera Carrera, al igual que la Universidad de Chile (UCH) y la Universidad de Santiago de Chile (USACH), entre otras del CRUCh, son instituciones que disponen de sus cuentas públicas en sus páginas web. Allí se detalla su presupuesto anual y en qué incurren sus gastos, y tras la verificación se concluyó que todos fueron en pos de fines educativos. Esto va en la línea de una educación como derecho social propuesta por la Presidenta.

Nicole Cisternas, directora de políticas educativas y estudios de Educación 2020, dice que el gobierno ha avanzado pertinentemente hacia un fin al lucro en el sistema educativo, pero que aún falta: “En la educación escolar se han hecho avances tremendos para poner fin al lucro". En el caso de la educación superior, dice que aún es prematuro dar un juicio.