De acuerdo a la metodología y verificación del curso Análisis de Periodismo Comparado, el gobierno de Michelle Bachelet, cumplió a medias el siguiente objetivo o meta que hiciera al país el programa de gobierno en 2013: "Llevaremos adelante medidas que fortalezcan y den institucionalidad tanto a la participación política como a la participación ciudadana en la gestión pública, garantizando que todos y todas tengamos el mismo derecho a influir en las decisiones que nos afectan y sin ningún tipo de discriminación arbitraria".

El 14 de enero del año 2016 se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, una de las promesas del gobierno de la Presidenta que tiene por misión fortalecer la participación de la ciudadanía. Su tarea principal es elaborar una propuesta de reforma de la ley N°20.500 sobre Asociaciones de Participación Ciudadana, con lo que se espera robustecer la labor del fondo que administra la Secretaría General de Gobierno, para fortalecer organizaciones de la sociedad civil a través de talleres y capacitaciones.

Rosemary Hermosilla es presidenta de la junta de vecinos de los barrios Industriales 3 y 4 de Maipú, afectados por un pajonal que se ha convertido en foco de vertederos ilegales, delincuencia y plagas de moscas, cucarachas y ratones. Los vecinos se han movilizado y han dialogado con la municipalidad para poder solucionar su problema sin obtener un resultado concreto. “Yo no he recibido ninguna invitación para realizar algún taller de liderazgo o capacitación”, dice Hermosilla

Por otra parte, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas está recién en primer trámite constitucional en el Congreso, pues el proyecto fue enviado el 11 de enero del 2016. Además, en el apunte legislativo "Nueva institucionalidad indígena: avances y propuestas" del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, se observa que aún falta progresar en materia de inclusión de los pueblos indígenas. En página 10 del documento se señala que hay necesidad de resolver la confusión de roles del Consejo Indígena de la Conadi, dado su doble carácter de servicio público y representante indígena, asignar la responsabilidad de la política pública a un órgano de la administración del Estado de alto nivel y visibilizar o generar una institucionalidad representativa.

Durante la última cuenta pública la presidenta se refirió al conflicto en la novena región y anunció una respuesta a la Comisión Araucanía, donde adelantó que el gobierno va a actuar en tres dimensiones: Reconocimiento constitucional y la participación política de los indígenas en la nueva constitución, planes de desarrollo productivo regional y territorial como un proyecto de ley, y ampliación del programa de reparación de todas las víctimas de violencia en la región.

Se espera que la mandataria de detalles de este proyecto en los próximos días.