De acuerdo a la verificación del curso Análisis Comparado de Periodismo, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet no cumple la siguiente promesa que hizo al país en su programa de gobierno en 2013: “Crear la Defensoría del Ciudadano para recoger quejas por mala administración del estado, deficiente funcionamiento de los servicios públicos o por gestión de empresas privadas que lesione los derechos fundamentales y los derechos humanos".

En 1990, Patricio Aylwin preparaba a Chile para recibir la democracia: "el reencuentro de Chile con la democracia significará también nuestra incorporación activa a todas las instancias de colaboración internacional que corresponda para contribuir con nuestro aporte al desarrollo de los pueblos, al logro de la justicia y la paz entre las naciones y al pleno imperio de los Derechos Humanos en todos los rincones de la Tierra". En ese contexto, se funda el Capítulo Chileno del Ombudsman, entidad fiscalizadora y protectora de los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos, ante las irregularidades de la administración pública. No obstante, a la fecha, no se ha concretado esta figura.

En 1991 se presentaron los primeros dos proyectos para la creación de la Defensoría del Ciudadano, los que volvieron a ser presentados en 2000, 2003 y 2008, y que jamás se concretaron. En 2015, la Presidenta Michelle Bachelet retomó la idea y propuso una Reforma Constitucional que consideró una “Defensoría de las Personas”. “Cuando a las personas se les presenta un problema, sobre todo uno que no comprenden -explica la socióloga Paulina Vallecillos-, como es en el caso de un conflicto con el sistema público, las personas buscan sentirse apoyadas. Buscan representación”. Por lo tanto, si bien el Defensor del Pueblo tradicionalmente no tiene facultades impositivas sobre el órgano público, cuenta con herramientas políticas y de asesoramiento para apoyar a la ciudadanía. El Defensor es un cargo público independiente del gobierno que fiscaliza y asesora la denuncia de organismos estatales. “No es lo mismo que vayas como persona particular a poner un reclamo, o incluso a denunciar ante el Tribunal de Derechos Humanos, a que lo haga el Ombudsman. Este es un personaje investido de poder, a él lo van a escuchar”, explica el abogado y ex agregado en la ONU, Francisco Leturia.

A dos años del último anuncio, la creación de la Defensoría de la Ciudadanía continúa en tramitación en el Parlamento, no obstante que la mayoría de los países de la OCDE contemplan esta figura en su Constitución.