De acuerdo a la metodología de verificación del curso Análisis Comparado de Periodismo, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet no cumplió con el objetivo o meta que planteara al país en su programa de gobierno en 2013: “Proyecto de Ley de Protección Integral a los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, marco jurídico de reconocimiento de todos los derechos consagrados en la Convención de Derechos del Niño y establecimiento de garantías a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna”.

En su última cuenta pública, Michelle Bachelet habló de " la dolorosa tarea de los centros tanto públicos como privados que están al cuidado del Sename y atienden a niños y niñas con derechos vulnerados". Se refirió a la creación de dos servicios, uno administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y otro manejado por el Ministerio de Justicia. Aclaró que, a pesar de la reorganización del organismo, "hay mucho más que hacer en ese sentido".

Fue tras el fallecimiento de Lissette Villa, una menor a cargo de Sename- cuando se desató la polémica por la muerte de 865 niños en los últimos 11 años dejntro de la institución. En respuesta, en marzo de 2017, el gobierno envió un proyecto de ley para la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y del Servicio de Reinserción Social Juvenil. La división del organismo tiene como fin reestructurar un sistema que no cumple con su objetivo: dar seguridad a niños vulnerados. Sin embargo, Claudia Reyes, trabajadora social experta en la materia, indica que la reorganización no será eficiente porque sigue modelos que no protegen la integridad de los niños al continuar con el concepto de residencias cerradas que los privan de relacionarse con el mundo externo. “Falta que las leyes que se propongan no sean para la opinión pública, sino que de verdad haya una intención de resolver problemas”.

La legislación sobre la división está programada para ser despachada en los últimos meses de gobierno de Michelle Bachelet. “Es imposible que un tema de esta envergadura se apruebe a final de año. En el caso únicamente del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas hemos hecho 400 correcciones y, hasta el momento, lleva 612. Una ley con 612 es una pésima legislación”, señala la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Francis Valverde.

Por otra parte, en relación a la Ley que Tipifica el Maltrato Infantil, el Senador y especialista en Derecho Penal, Alberto Espina explica que se abstuvo en la votación porque "no especifica qué tratos son los que serán condenados y no contempla la prevención del maltrato, que es el real problema de los niños vulnerados en la actualidad”.Francis Valverde añade que desde la ACHNU se reconoce sí un importante avance en materia de protección de derechos, ya que la ley estipula que es posible “sancionar con prisión en cualquiera de sus grados (de 1 a 60 días) y multa de 1 a 4 UTM (de $46.368 a $185.472), a quien de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad”.

Uno de los puntos más discutidos en esta materia es la reformulación de la Ley de Adopción. Desde 2015 está detenida en la Cámara de Diputados y el problema, según Claudia Reyes, es que se ha ido desactualizando con el tiempo. Agrega además, que “un detalle importante es que la ley no contempla un sistema de acompañamiento para probar si realmente los candidatos elegidos tuvieron éxito con la integración del infante”. La experta aclara que se necesita un modelo que permita que en pocos meses se pueda saber el resultado de la adopción. “El tiempo de un niño no es el mismo que el de un adulto. Un mes en un centro del Sename traumatiza la experiencia de un menor que necesita la atención y los cuidados de una familia”.

A pesar de las medidas que el gobierno actual ha intentado aplicar para modificar y cumplir con la Convención de Derechos del Niño de la UNICEF, los expertos concluyen que no son suficientes para lograr la protección integral de la infancia.